El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) repudia el accionar por parte de las fuerzas policiales de la Provincia de Chaco, cuando personal de la Comisaría Tercera ingresó ilegalmente en forma extremadamente violenta, sin orden de allanamiento, en la casa de una familia de la Comunidad Qom ubicada en el barrio Banderas Argentinas, de Fontana, el pasado sábado 30 de mayo, golpeando salvajemente a quienes estaban en el interior de la vivienda, entre los que se encontraban mujeres, jóvenes y menores de edad.
Este hecho violento y represivo, además de ilegal, representa una violación de todas las garantías constitucionales y evidencia una de las prácticas comunes de discriminación y racismo que existen la provincia por parte de las fuerzas policiales contra las Comunidades Indígenas desde hace mucho tiempo.
En los materiales difundidos por Elsa, dueña de casa y a quien se escucha gritar desesperadamente, se puede observar la desproporcionalidad de la actuación. La familia denunció que los efectivos golpearon violentamente a todos los que estaban en la casa.
“Ya les tiramos alcohol, ¿ahora quién las prende fuego?”, repitió una de las jóvenes violentadas física y sexualmente por los efectivos entre lágrimas tras ser agredida, “después entraron de vuelta y nos patearon. Eran todos hombres. Como cinco”, agregó en su denuncia.
ENDEPA está en contra de toda forma de violencia, no importa su origen, pero no puede ser indiferente ante estas acciones cometidas por parte de integrantes del Estado cuya función es mantener el orden y la paz, que configuran una evidente violencia institucional y que están enmarcadas en un contexto de fuerte racismo hacia las Comunidades Originarias desde el inicio la pandemia de Covid-19 y mucho antes también.
Condenamos toda expresión de racismo y observamos con preocupación la falta de preparación de las instituciones y organismos del Estado que en muchas ocasiones niegan el reconocimiento los derechos a los Pueblos Indígenas, estipulados en la Constitución Nacional en Artículo 75, inciso 17 y los derechos y garantías de todos los ciudadanos amparados por la misma Constitución Nacional y también Provincial.
Es imprescindible un cambio estructural en la formación de las fuerzas de seguridad en la provincia del Chaco y es necesario que el Gobernador no se mantenga ausente haciéndose cargo de la responsabilidad que le compete en este grave suceso.
Reclamamos al gobierno Nacional y a los Gobiernos Provinciales el respeto y garantía de estos derechos y pedimos a los responsables de elaborar y ejecutar las políticas de Estado, a que se desista de imponer prácticas de tinte racistas que tanto daño le hacen no solo a los Pueblos Indígenas sino también al país maduro, plurietnico y multicultural que se logró a partir de la reforma constitucional de 1994.
Exigimos como ciudadanos argentinos que se tomen las medidas legales que correspondan para con los responsables directos de esta agresión, que no son solamente ellos sino los que institucionalmente son sus superiores.
Rogando por una convivencia pacífica esperamos que se haga justicia.
